¿Qué es realmente tener una deuda tributaria?

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la primera publicación de listas de morosos de acuerdo con el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, el cual dio mucho que hablar según los casos encontrados, sin embargo no todos están con el mismo rasero.

Cabe primero definir que es una deuda tributaria, que es “la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta”, más:
a) El interés de demora.
b) Los recargos por declaración extemporánea.
c) Los recargos del período ejecutivo.
d) Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros entes públicos.

De la deuda tributaria no se incluye las sanciones, las cuales son las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas en la Ley General Tributaria u otra ley (por ejemplo las de contrabando).

Infracciones tipificadas según la Ley General Tributaria son:
• Por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación, salvo que se regularice por recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo o se aplique el inicio de la recaudación en ejecutiva en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. También se incluye la falta de ingreso total o parcial de la deuda tributaria de los socios, herederos, comuneros o partícipes derivada de las cantidades no atribuidas o atribuidas incorrectamente por las entidades en atribución de rentas.
• Por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones.
• Por obtener indebidamente devoluciones.
• Por solicitar indebidamente devoluciones, beneficios o incentivos fiscales, mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido.
• Por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o créditos tributarios aparentes a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.
También se incurre cuando se declare incorrectamente la renta neta, las cuotas repercutidas, las cantidades o cuotas a deducir o los incentivos fiscales de un período impositivo sin que se produzca falta de ingreso u obtención indebida de devoluciones por haberse compensado en un procedimiento de comprobación o investigación cantidades pendientes de compensación, deducción o aplicación.
• Por imputar incorrectamente o no imputar bases imponibles, rentas o resultados por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas (por ejemplo las comunidades de bienes y las sociedades civiles sin objeto mercantil) a los socios o miembros por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
• Por imputar incorrectamente deducciones, bonificaciones y pagos a cuenta por las entidades sometidas a un régimen de imputación de rentas.
• Por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.
• Por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información.
• Por incumplir obligaciones contables y registrales, esto es por:
a) La inexactitud u omisión de operaciones en la contabilidad o en los libros y registros exigidos por las normas tributarias.
b) La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponda, según su naturaleza, que dificulte la comprobación de la situación tributaria del obligado.
c) El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los libros y registros establecidos por las normas tributarias, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de codificación utilizados.
d) La llevanza de contabilidades distintas referidas a una misma actividad y ejercicio económico que dificulten el conocimiento de la verdadera situación del obligado tributario.
e) El retraso en más de cuatro meses en la llevanza de la contabilidad o de los libros y registros establecidos por las normas tributarias.
f) La autorización de libros y registros sin haber sido diligenciados o habilitados por la Administración cuando la normativa tributaria o aduanera exija dicho requisito.
g) El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de facturación en los términos establecidos reglamentariamente. Esta letra es nueva a partir del 12 de octubre de 2015.
• Por incumplir obligaciones de facturación o documentación, entre otras, la de expedición, remisión, rectificación y conservación de facturas, justificantes o documentos sustitutivos.
• Por incumplir las obligaciones relativas a la utilización y a la solicitud del NIF o de otros números o códigos.
• Por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Se entiende producida esta circunstancia cuando el sujeto infractor, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Administración tributaria en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. En concreto:
a) No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.
b) No atender algún requerimiento debidamente notificado.
c) La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera señalado.
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con las obligaciones tributarias.
e) Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.
• Por incumplir el deber de sigilo exigido a los retenedores y a los obligados a realizar ingresos a cuenta.
• Por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta. Esto es no comunicar datos o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos al pagador de rentas sometidas a retención o ingreso a cuenta, cuando se deriven de ello retenciones o ingresos a cuenta inferiores a los procedentes.
• Por incumplir la obligación de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta.
• Infracción en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria (nueva tipificación a partir del 12 de octubre de 2015).
El Conflicto en la aplicación de la norma tributaria ocurre cuando se evita total o parcialmente la realización del hecho imponible o se minore la base o la deuda tributaria mediante actos o negocios en los que concurran las siguientes circunstancias:
a) Que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido.
b) Que de su utilización no resulten efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal y de los efectos que se hubieran obtenido con los actos o negocios usuales o propios.
Para que la Administración tributaria pueda declarar el conflicto en la aplicación de la norma tributaria será necesario el previo informe favorable de la Comisión constituida por 2 representantes del órgano competente para contestar las consultas tributarias escritas, actuando uno de ellos como Presidente, y por dos representantes de la Administración tributaria actuante.
El incumplimiento de las obligaciones tributarias mediante la realización de actos o negocios por Conflicto en la aplicación de la norma tributaria se acredita por:
a) La falta de ingreso dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo de la totalidad o parte de la deuda tributaria.
b) La obtención indebida de una devolución derivada de la normativa de cada tributo.
c) La solicitud indebida de una devolución, beneficio o incentivo fiscal.
d) La determinación o acreditación improcedente de partidas positivas o negativas o créditos tributarios a compensar o deducir en la base o en la cuota de declaraciones futuras, propias o de terceros.

Como podemos ver hay diversa casuística pero cada una de estas sanciones tiene como se ha dicho antes una calificación que va de leves, de graves y de muy graves siendo estas últimas las que incluyen medios fraudulentos (anomalías en la contabilidad, facturas falsas o personas interpuestas). Una vez calificada se establece una graduación y luego una reducción por conformidad para dar el importe total de sanciones.

Hasta aquí se muestra la diferencia entre deuda tributaria y sanciones totales, pero ambos casos deben ser pagados por el contribuyente.
Por otra parte se confunde en muchas ocasiones en ser deudor tributario y evasor fiscal que es quien comente fraude contra la Hacienda Pública de acuerdo con los artículos 305, 305 bis y 310 del Código Penal, que establecen los limites en cantidad y tiempo de lo que debe ser considerado como tal.
Hay que tener en cuenta que el fraude fiscal lo dictamina el juzgado y no la Administración Tributaria, la cual ésta si en las actuaciones inspectoras detecta el incumplimiento de los requisitos de esos artículos, remite el expediente al juzgado correspondiente. Ahora bien la Administración Tributaria puede liquidar de forma separada las cuantías que no se encuentren vinculados con el posible delito contra la Hacienda Pública (para seguir en el procedimiento ordinario para conseguir el cobro de la deuda tributaria), y por otra los que si se encuentren vinculados. Por tanto habría como dos tipos de deuda tributaria.

Volviendo a “listado de deudores” de la AEAT, esta publica a quienes:
a) El importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso supere el importe de 1.000.000 €.
b) Las deudas o sanciones tributarias no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario. No se incluirán aquellas deudas y sanciones tributarias que se encuentren aplazadas o suspendidas.
c) Solo se traten exclusivamente a los tributos de titularidad estatal para los que la aplicación de los tributos, el ejercicio de la potestad sancionadora y las facultades de revisión estén atribuidas en exclusiva a los órganos de la Administración Tributaria del Estado no habiendo existido delegación alguna de competencias en estos ámbitos a favor de las Comunidades Autónomas o Entes Locales. La publicidad regulada en este artículo resultará de aplicación respecto a los tributos que integran la deuda aduanera.

Por tanto cuando decimos que alguien debe tanto dinero a Hacienda Pública (sea estatal, autonómica o local), hay que establecer:
• Cuanta deuda hay incluido los recargos e intereses.
• Si hay sanciones, a que se deben y cuánto ascienden. Además de no considerarlo como deuda tributaria.
• Si en esa deuda tributaria, una parte está vinculada o no al Fraude contra la Hacienda Pública tal como lo define el Código Penal.

Reciban un saludo,
Antonio José Ruiz.

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