La Ley Orgánica 1/2015 y las labores contables y tributarias

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 2/2015 que reforma parcialmente el Código Penal. Aunque no lo parezca, los aspectos penales reformados suponen para las labores contables y tributarias un cierto interés para quienes las realizan y para las sociedades a las cuales pueden ser objeto de pena. A continuación se va a ir detallando que aspectos pueden ser de interés.

Insolvencia Punible (artículos 259 a 261 bis)
* Afecta a quien se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente y realice entre otros:
1) Ocultar, dañar o destruir los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos, o que habrían estado incluidos, en la masa del concurso en el momento de su apertura.
2) Realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
3) Realizar ventas o servicios por precio inferior a su coste de adquisición o producción, sin justificación económica.
4) Simular créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
5) Participar en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
6) No llevar contabilidad, tener doble contabilidad, o realizar irregularidades relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
7) Destrucción o alteración de los libros contables para obstaculizar o impida la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
8) Ocultar, destruir o alterar documentación que se está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, para dificultar el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
9) Formular cuentas anuales o los libros contables no acordes a la normativa para dificultar el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o se incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
10) Realizar cualquier conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.
* Como podrá observar afecta a la contabilidad (incluso podría afectar a la tributación de forma indirecta) con una clara intencionalidad de falsear la imagen fiel de una empresa.
* Además hay penas añadidas para estos casos:
1) Si uno de los acreedores fuera favorecido por la realización de un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, siendo una operación que carezca de justificación económica o empresarial.
2) Si una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales, y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.
3) Presentar datos contables falsos en un procedimiento concursal.
4) Se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en una grave situación económica.
5) Si los acreedores poseen un perjuicio económico superior a 600.000 €.
6) Si al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública, sea esta estatal, autonómica, local o foral y a la Seguridad Social.

Daños Informáticos (artículos del 264 a 264 quárter)
* Se persigue a quienes sin estar autorizado y de manera grave, para un sistema informático ajeno:
1) Obstaculizara o interrumpiera su funcionamiento normal.
2) Destruyan información del mismo.
3) Introduzca datos del mismo.
4) Distribuyan información confidencial del mismo.
5) Utilizasen ilícita de datos personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero.
* Por otra parte también se persigue quienes realicen la informática para uso delictivo.
* Estas acciones pueden ocasionar daños en la contabilidad de una sociedad y son interesantes estos artículos si se es víctima de estos delitos.

Delito de blanqueo de capitales (artículos 301 y 302)
* Se persigue quien adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, bajo su conocimiento de poseer origen delictivo, además de su participación y ocultación.
* Cabe recordar que en el artículo 2 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, son sujetos obligados los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales y quienes con carácter profesional:
1) constituyan sociedades u otras personas jurídicas.
2) ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
3) facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos.
* Además de penas de prisión, las ganancias obtenidas serían decomisadas.

Fraude fiscal (Artículos 305 y 305 bis)
* Consiste en la elusión del pago total o parcial de todo impuesto de cualquier administración tributaria, siempre que la cuantía exceda de 120.000 €, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria, reconociendo completamente su deuda tributaria y antes que:
a) se le haya iniciado actuaciones de comprobación o de inspección
b) el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración Autonómica, foral y local interponga querellas o denuncias
c) el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias
* Esta regularización impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.
* El fraude fiscal atañe una pena de prisión de 1 a 5 años, una multa del tanto al séxtuplo de lo evadido y no obtener subvenciones o ayudas públicas y derecho a beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 3 a 6 años.
* También es aplicable a fraudes contra la Hacienda de la Unión Europea, si la cuantía defraudada supera los 50.000 € en un año natural. No obstante, si cuantía defraudada está en el intervalo de los 50.000 € y 4.000 €, se impondrá una pena de prisión de 3 meses a 12 o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 6 meses a 2 años. Si estos casos de fraude fiscal son llevados a cabo en organización criminal o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance 50.000 €.
* Ahora bien, la pena de prisión será de 2 a 6 años, la multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social entre 4 a 8 años, si en ese fraude fiscal:
a) La cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 €.
b) Se haya cometido por organización o de un grupo criminal.
c) Se utilizan personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.
* Para determinar la cuantía evadida:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible desde el mismo momento en que se alcance los 120.000 €.
b) En los demás casos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación.

Incumplimiento de obligaciones contables (artículo 310)
* Consiste en:
a) Incumpla absolutamente la obligación a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, en régimen de estimación directa de bases tributarias.
b) Llevar contabilidades paralelas a una “oficial” para ocultar la verdadera situación financiera (Contabilidad B)
c) No anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o falsearlas.
d) Introducir en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
* La pena de prisión va de 5 a 7 meses y la consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren las letras c) y d), requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 € por cada ejercicio económico.

Por último, hay que comentar que esta reforma del Código Penal supone dar un paso más para la institucionalización del “Compliance”, el cual consiste en prevenir y detectar ilegalidades en las actividades económicas. Esto supone una nueva área de actividad profesional que poco a poco irá tomando forma hasta que sea habitual en la vida empresarial.

Reciban un saludo,
Antonio José Ruiz.

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