Los efectos de la Ley 13/2015 sobre el valor catastral

La Ley 13/2015 realiza una serie de modificaciones tanto en la Ley Hipotecaria (Decreto 8 febrero 1946) como en la Ley de Catastro Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004 y en adelante TRLCI) para dar una mayor coordinación de datos en los Registros de la Propiedad como en el Catastro, y además se producen cambios en los valores catastrales y por tanto esta Ley tiene incidencia fiscal.
Las modificaciones del TRLCI entran en vigor tras el 25 de junio de 2015.
En este post se va tratar de analizar los artículos modificados del TRLCI que pudieran tener incidencia tributaria para acabar dando una serie de conclusiones.

El 7.2.b) TRLCI se modifica en donde decía textualmente “Se entiende por suelo de naturaleza urbana: …b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Lo subrayado se sustituye por “y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.”
Este cambio obedece a la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 con recurso número 2362/2013 y viene a decir que aquellos suelos declarados como urbanizables pero no se hayan aprobado el desarrollo urbanístico, deberán ser a rústicos a efectos catastrales hasta que se produzca y a partir de ese momento se cambie a urbanizable según el Catastro.

Por otra parte la Ley 13/2015 modifica la DT 7ª TRLCI y posee dos anotaciones para este cambio en el 7.2.b) TRLCI:
* El cambio de naturaleza de los bienes inmuebles urbanos cuya clasificación no se corresponda con la del artículo 7.2.b) TRLCI será de aplicación a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con posterioridad a su entrada en vigor, y los Ayuntamientos deberán suministrar a la DG del Catastro información sobre los suelos que se encuentren afectado, los cuales podrán valorar como bienes inmuebles rústicos, considerando, en su caso, su localización.
* Los inmuebles rústicos que a la entrada en vigor de la Ley 13/2015, se encuentren en la situación prevista en el apartado 2 de la DT 2ª TRLCI (cuyo suelo haya sido clasificado como urbanizable por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o cuando éstos prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada), se podrán valorar de acuerdo con los criterios contenidos en dicho apartado a través del procedimiento simplificado de valoración colectiva previsto en 30.2.h) TRLCI (Cuando, con motivo de la aprobación o modificación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística se clasifiquen suelos como urbanizables o se prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado y se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, los inmuebles rústicos afectados se valorarán considerando, en todo caso, su localización), con excepción de su efectividad, que tendrá lugar el 1 de enero del año en que se inicie dicho procedimiento.

El 9.4 TRLCI que ponía textualmente “No tendrán la consideración de titulares catastrales, pero constarán en el Catastro a los exclusivos efectos de información respecto de las imputaciones de rentas inmobiliarias en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quienes ostenten sobre el bien inmueble un derecho real de disfrute sometido a dicha imputación.” Se suprime este apartado, y los apartados 5 y 6 pasan a ser 4 y 5 del 9 TRLCI.
Esta supresión obliga a quitar este supuesto para el 13 TRLCI, el cual establece para los titulares catastrales (regulados en el 9 TRLCI) están sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones.

El 11 TRLCI establece que la incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario y alteraciones de sus características, conlleva la asignación de valor catastral, de forma obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.
Esta incorporación se realizará mediante:
a) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) Subsanación de discrepancias y rectificación.
c) Inspección catastral.
d) Valoración.
La Ley 13/2015 añade un nuevo apartado en donde las fincas que hayan sido objeto de coordinación conforme a la legislación hipotecaria, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la descripción gráfica coordinada, salvo que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la de la coordinación.

El 24 TRLCI establece que el valor catastral se determina mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores vigente en el municipio en el primer ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del Catastro o, en su caso, mediante la aplicación de los módulos establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del procedimiento de valoración colectiva simplificada, sin perjuicio de posteriores ponencias de valores o módulos que afecten al inmueble y de los coeficientes de actualización establecidos por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.
No obstante, se exceptúa los supuestos del 30.2.c) TRCLI (más adelante se explicará las modificaciones de este articulo) y a partir de la Ley 13/2015 se añaden los supuestos de las letras d), g) y h).

El 26 TRLCI establece que las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo cuando circunstancias de carácter territorial, económico, administrativo o de otra índole justifiquen una extensión mayor y que podrán ser:
a) Totales, cuando se extiendan a la totalidad de los bienes inmuebles de una misma clase.
b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas. La Ley 13/2015 añade a este punto a inmuebles con características constructivas que requieran su valoración singularizada de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente.
c) Especiales, cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales.

El artículo 27 TRLCI detalla para las ponencias de valores:
1. Que su elaboración se llevará a cabo por la DG del Catastro, directamente o a través de los convenios de colaboración que se celebren con cualesquiera Administraciones públicas.
2. Previamente a su aprobación, las que sean totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos según artículo 83 de la Ley 30/1992 (Régimen Jurídico de las AAPP y del Procedimiento Administrativo Común).
3. Los acuerdos de su aprobación para las llamadas totales o parciales se publicarán por edicto en el boletín oficial de la provincia o si son ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el BOE o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial, y que su publicación de dichos acuerdos, que indicará en todo caso el lugar y plazo de exposición al público de las ponencias a que se refieran, se realizará antes del uno de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales, y antes del uno de octubre, en caso de ponencias de valores parciales y especiales.
Esto cambia con la Ley 13/2015 en el cual los acuerdos se publicarán por edicto en la sede electrónica de la DG del Catastro, indicándose en todo caso el lugar y plazo de exposición al público de las ponencias a que se refieran, se realizará antes del 1 de julio del año en que se adopten, en caso de ponencias de valores totales, y antes del 1 de octubre, en caso de ponencias de valores parciales y especiales.
4. Que son recurribles en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación suspenda la ejecutoriedad del acto.

El 29.1 TRLCI expone que los procedimientos de valoración colectiva de carácter general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores, pero a partir de la Ley 13/2015 se exceptúa excepto cuando se trate de una ponencia de valores parcial de ámbito nacional que se circunscriba a inmuebles urbanos o rústicos con características constructivas que requieran su valoración singularizada.
Por otra parte, antes el trámite de notificación se iniciaba mediante la publicación de un anuncio en el BOE, en el Boletín de la comunidad autónoma o de la provincia del ámbito territorial de competencia del órgano que haya dictado el acto y ahora mediante la publicación de un anuncio en la sede electrónica de la DG del Catastro.

El 30 TRLCI indica que el procedimiento simplificado de valoración colectiva se inicia acuerdo publicado por sede electrónica de la DG del Catastro (antes por edicto en el boletín oficial de la provincia) y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de valores.
Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas (estos son los supuesto del 30.2 TRLCI que se han comentado antes) de los cuales las letras de la a) a la c) cambian, mientras que el resto son nuevas:
a)
* De acuerdo con la redacción de la Ley 13/2015: Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas por aplicación del valor recogido para esos usos en la ponencia vigente conforme a los parámetros urbanísticos mencionados.
* De acuerdo con la anterior redacción: Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, y el valor recogido para esos usos en la ponencia en vigor refleje el de mercado, se determinarán los nuevos valores catastrales de las fincas afectadas conforme a los parámetros urbanísticos mencionados.
b)
* De acuerdo con la redacción de la Ley 13/2015:
Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el mínimo que corresponda a su nuevo uso, de los previstos en el polígono de valoración de la ponencia vigente en el que se hallen enclavados o, en defecto del mismo, el mínimo para dicho uso de los incluidos en la mencionada ponencia. Dicha valoración deberá respetar en todo caso los criterios de coordinación de valores del municipio.
* De acuerdo con la anterior redacción:
Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes se valorarán tomando como valor del suelo el que corresponda a su ubicación, que en todo caso deberá estar comprendido entre el máximo y el mínimo de los previstos para el uso de que se trate en el polígono de valoración en el que se hallen enclavados tales bienes según la ponencia vigente.
c)
* De acuerdo con la Ley 13/2015: Cuando, con motivo de la modificación o desarrollo del planeamiento, los suelos adquieran la consideración de suelo de naturaleza urbana según 7.2.b) TRLCI, podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda.
* Redacción anterior: Cuando la modificación del planeamiento determine cambios de naturaleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la edificabilidad a materializar en cada una de las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados mediante la aplicación de los módulos específicos para los distintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda.
d) Se podrá aplicar el procedimiento de valoración previsto en el párrafo anterior cuando en los suelos de acuerdo con el 7.2.b) TRLCI, los valores que sirvieron de base para la determinación de sus valores catastrales no se correspondan con los módulos específicos establecidos en la mencionada orden.
e) Cuando, con motivo de la modificación o aprobación del planeamiento, los suelos de naturaleza urbana según el 7.2.b) TRLCI, podrán ser valorados tomando como valor de suelo el mínimo de los previstos en la ponencia vigente para el uso de que se trate, sin perjuicio de la consideración, en su caso, de la urbanización pendiente de realizar. Dicha valoración deberá respetar en todo caso los criterios de coordinación de valores del municipio.
f) A partir del momento de aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación u otro instrumento de gestión urbanística, las parcelas resultantes ubicadas en los suelos afectados por el 7.2.b) TRLCI, se podrán valorar tomando como valor de suelo el que corresponda a su nuevo estado de desarrollo y de acuerdo con los criterios del párrafo anterior.
g) Cuando, con motivo de la anulación o modificación del planeamiento el suelo de los inmuebles pierda la consideración de suelo de naturaleza urbana, no estando incluidos en los supuestos recogidos en las letras c), d), e) y f) del 7.2 TRLCI, se podrán valorar como bienes inmuebles rústicos, considerando, en su caso, su localización.
h) Cuando, con motivo de la aprobación o modificación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística se clasifiquen suelos como urbanizables o se prevea o permita su paso a la situación de suelo urbanizado y se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados, y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, los inmuebles rústicos afectados se valorarán considerando, en todo caso, su localización.
Los actos dictados de estos procedimientos regulados se notificarán a los interesados el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la aprobación, modificación o anulación del instrumento de ordenación o gestión urbanística del que traigan causa, excepto en el supuesto contemplado en la letra d), que tendrá eficacia el 1 de enero del año en que se inicie el procedimiento. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de 6 meses a contar desde la fecha de publicación del acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento sin que ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.

La DA 4ª TRLCI trata de la “valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico”. En ella se establece que los municipios en los que no se haya realizado un procedimiento de valoración colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de enero de 2006, a partir de la publicación de la resolución a la que se refiere el apartado 2 de la DA 3ª TRLCI (esta disposición adicional ya se trató en el post sobre “Amnistía Catastral”), se determinará un nuevo valor catastral para aquellos bienes inmuebles según la anterior normativa del catastro (Ley 48/2002), que tengan naturaleza rústica y cuenten con construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.
Mientras no se aprueben las nuevas normas reglamentarias de valoración, éstas se obtendrán por la aplicación de las reglas contenidas en la DT 1ª (también modificada por la Ley 13/2015), referidas a la ponencia de valores vigente en el municipio.
Los valores tenían efectividad el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se notifiquen o se entiendan notificados, pero con la Ley 13/2015 pasan al día 1 de enero siguiente a aquel en que se publique la mencionada resolución, con independencia de la fecha en que se notifiquen.

LA DT 1ª TRLCI trata de que la clasificación de bienes inmuebles y contenido de las descripciones catastrales será de aplicación a partir del primer procedimiento de valoración colectiva de carácter general que realizada con posterioridad al 1 de enero de 2003, manteniendo hasta ese momento los inmuebles que figuren o se den de alta en el Catastro la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en la DT 7ª TRLCI que se ha comentado antes.
Por su parte, las construcciones en suelo rústico no indispensables para el desarrollo agrícola, ganadera o forestal, mantendrán su naturaleza urbana hasta la realización, con posterioridad al 1 de enero de 2006, de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, cualquiera que sea la clase de inmuebles a los que éste se refiera o de carácter parcial que los incluya expresamente.
Si este procedimiento actúa en inmuebles urbanos, se determinará simultáneamente un nuevo valor catastral para todos aquellos inmuebles que cuenten con una construcción en suelo rústico.
Estos valores, hasta que no se aprueben las nuevas normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, se obtendrán por la aplicación de las siguientes reglas:
a) El valor del suelo de la superficie ocupada por las construcciones se determinará por aplicación de los módulos específicos por Orden del Ministro de Hacienda.
b) El valor de la construcción se obtendrá por aplicación de idénticas reglas a las que se determinen para la obtención del valor de las construcciones de los bienes inmuebles urbanos en la ponencia de valores de la que trae causa el procedimiento de valoración colectiva.
c) El valor catastral del inmueble resultará de la suma de 2 componentes: la 1ª se calculará mediante la suma de los valores resultantes de las reglas anteriores afectada por el coeficiente de referencia al mercado vigente para los inmuebles urbanos; y la 2ª estará constituida, en su caso, por el valor catastral vigente del suelo del inmueble no ocupado por construcciones.
En defecto de norma específica, a este procedimiento le será de aplicación la regulación propia del procedimiento de valoración colectiva de carácter general, especialmente en lo relativo a la competencia para la determinación del valor catastral y de la base liquidable (del IBI), a la realización del trámite de audiencia, a la notificación y efectividad de los valores catastrales y bases liquidables y a la impugnación de los actos que se dicten.
En los municipios en los que se realice este procedimiento y hasta que entre en vigor el citado desarrollo reglamentario, se aplicarán estas mismas reglas a la valoración tanto de las variaciones que experimenten las construcciones en suelo rústico, como de las nuevas construcciones que sobre el mismo se levanten.
Los bienes inmuebles de características especiales que, a la entrada en vigor de la Ley 48/2002 (anterior normativa), constaran en el Catastro Inmobiliario conforme a su anterior naturaleza, mantendrán, hasta la entrada en vigor de los nuevos valores resultantes de las ponencias especiales que se aprobarán antes del 31 de diciembre de 2007, su valor catastral, sin perjuicio de su actualización cuando proceda, así como el régimen de valoración.
La incorporación al Catastro Inmobiliario de los restantes inmuebles que tengan la condición de bienes inmuebles de características especiales, según el actual TRLCI, se practicará antes del 31 de diciembre de 2005.
La descripción de los bienes inmuebles contenida en el Catastro Inmobiliario a la entrada en vigor de la Ley 48/2002, se mantendrá hasta que tenga lugar la práctica de otra posterior conforme a los procedimientos de incorporación regulados en esta ley o hasta que por cualquier otro medio se modifique, sin perjuicio de la actualización de valores.
No obstante, será a partir del 1 de enero de 2005 cuando se incorporen las titularidades que correspondan conforme a los supuestos y reglas de esta ley, siempre que así resulte de los procedimientos de declaración, comunicación, solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral prevista en ella e iniciada con posterioridad a la citada fecha.

La DT 2ª TRLCI indica que lo establecido en el título II para la determinación del valor catastral queda en suspenso respecto a los bienes inmuebles rústicos hasta que mediante ley se establezca la fecha de su aplicación, y su valor catastral será el resultado de capitalizar al 3% por ciento el importe de las bases liquidables vigentes para la exacción de la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria correspondiente al ejercicio 1989, obtenidas mediante la aplicación de los tipos evaluatorios de dicha contribución, prorrogados en virtud del Real Decreto Ley 7/1988 (la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria es junto la Contribución Territorial Urbana, los antecesores del actual IBI) o de los que se hayan aprobado posteriormente en sustitución de ellos, y sin perjuicio de su actualización anual mediante los coeficientes establecidos y los que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, una vez incorporadas las alteraciones catastrales que hayan experimentado o experimenten en cada ejercicio.
A partir de la Ley 13/2015 se añade que:
1. La valoración catastral se realizará mediante la aplicación de los módulos que, en función de su localización, se establezcan por Orden del Ministro de Hacienda, si se trata de inmuebles rústicos con suelo clasificado como urbanizable por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados o cuando éstos prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y en tanto no cuenten con determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada,
2. El valor catastral del suelo (dictada por Orden del Ministro de Hacienda) de la parte del inmueble afectada a la clasificación y no ocupada por construcciones, será el resultado de multiplicar su superficie por el valor unitario obtenido de aplicar un coeficiente de 0,60 a los módulos de valor unitario de suelo determinados para cada municipio para los usos distintos del residencial o industrial, de acuerdo a los artículos 1 y 2 de la Orden EHA/3188/2006 que determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el 30 y DT 1ª TRLCI y por el coeficiente de referencia al mercado de 0,5.
3. Estos criterios de valoración serán de aplicación a los inmuebles rústicos afectados a partir del primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que se inicie con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2015.

Tras este exhaustivo análisis de los artículos modificados del TRLCI se van establecer estas conclusiones en referente a la importancia del valor catastral y como afecta a nivel tributario:
1. Las actualizaciones que se harán al cruzar datos entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, junto la amnistía catastral, puede ocasionar variaciones en el valor catastral ya pueden haber bienes inmuebles a nivel catastral no correspondía con la realidad por lo que podrían aumentar o disminuir el mismo.
2. Principalmente el impuesto que va a afectar es el IBI ya que su base imponible es el valor catastral (artículo 65 Real Decreto Legislativo 2/2004) y en función si es catalogado como rustico o urbano tiene una imposición diferente siendo menor en el caso de los rústicos. El tipo impositivo lo marcará la ordenanza fiscal municipal dentro de los márgenes establecidos por el artículo 72 Real Decreto Legislativo 2/2004.
De esta forma puede darse, por ejemplo, el caso que alguien esté pagando más IBI del que le tocaba sin saberlo porque el Catastro le constaba que ese contribuyente poseía su parcela y otra continua (cabe estudiar en ese caso que se pida ingresos indebidos por los últimos 4 ejercicios) o que alguien haya realizado un segregación de un terreno, éste no tenga constancia el Catastro y siga pagando el mismo IBI.
Indirectamente, la alteración del valor castastral puede afectar a los arrendamientos ya que se suelen repercutir al arrendatario los gastos IBI pagados por el arrendador.
3. Por regla general y en algunos casos especiales, en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana conocido por “Plusvalía”, se toma el valor catastral del suelo y no de la construcción, para calcular la base imponible mediante unos porcentajes anuales fijados por la ordenanza fiscal dentro lo permitido en el artículo 107 Real Decreto Legislativo 2/2004.
Hay que advertir que a este impuesto se le ha interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad por parte de un juzgado de San Sebastián para que el Tribunal Constitucional estudie la posibilidad de que está en contra de los principios de la Carta Magna.
4. En el IRPF se utiliza el valor catastral para establecer los rendimientos mínimos por parentesco (artículos 24 y 85 Ley 35/2006) en el capital inmobiliario, el cual será el 2% o el 1’1 % si se trata de inmuebles urbanos cuyos valores catastrales hayan sido revisados o modificados a partir del 1 de enero de 1994, siempre que el inmueble tenga valor catastral.
5. Por otra parte, también en los rendimientos de capital inmobiliario, es establece un límite a la amortización del inmueble (artículo 23 Ley 35/2006) que es el mayor del 3 % sobre el mayor de los siguientes valores:
a) Coste de adquisición satisfecho, incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición (notaría, registro, IVA no deducible, ITP-AJD, gastos de agencia, etc.) sin incluir en el cómputo el valor del suelo. En las adquisiciones de inmuebles por herencia o donación, sólo tendrá la consideración de “coste de adquisición satisfecho” la parte de los gastos y tributos inherentes a la adquisición que corresponda a la construcción, así como la totalidad de las inversiones y mejoras efectuadas.
b) Valor catastral, excluido el valor del suelo. Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores catastrales del suelo y de la construcción de cada año, reflejados en el correspondiente recibo de IBI.
6. También se utiliza el valor catastral en la valoración por utilización de una vivienda por renta en especie del IRPF (artículo 43 Ley 35/2006) el cual será el 10 % o el 5% si es un inmueble localizado en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los 10 períodos impositivos anteriores.
7. Para establecer la base imponible en el Impuesto de Patrimonio y se incluye los inmuebles, estos se valoran de acuerdo con el artículo 10 Ley 19/1991, por el valor mayor de los tres siguientes:
– Valor catastral
– Valor comprobado por la Administración a efectos de otros tributos
– Valor de adquisición (no incluye tributos ni gastos del adquirente (notaria, registro). Por lo que respecta a vivienda habitual, si no supera los 300.000 € es exento incluso si se trata de una bien ganancial cuya mitad tampoco supere esa cifra.
8. En las transmisiones patrimoniales onerosas gravadas por el ITP-ADJ se toma de acuerdo con el artículo 10.2.i) Real Decreto Legislativo 1/1993 el 3% del valor catastral multiplicado por los años de duración, para contratos de aparecerías rusticas para establecer la base imponible.
9. El artículo 34 del Real Decreto 1629/1991, regula la Valoración del ajuar doméstico en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Tras determinarse el caudal relicto se suma este concepto y se le resta los bienes exentos del impuesto para establecer la masa hereditaria bruta.
El ajuar domestico es el 3% del caudal relicto menos 3% del valor catastral de la vivienda habitual del matrimonio, salvo que:
– Se declare un valor superior.
– Se acredite fehacientemente un valor inferior o su inexistencia.
– No haya cónyuge supérstite, en cuyo caso no se deducirá el 3% del valor catastral de la vivienda habitual.
10. En el artículo 40 Real decreto Legislativo 5/2004, se establece un gravamen especial para los bienes inmuebles en propiedad en España de entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal, cuyo base imponible será el valor catastral.

Reciban un saludo,
Antonio José Ruiz

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