Aspectos contables, tributarios y de auditoria de la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria

Esta reciente Ley establece regulaciones para los “expedientes de jurisdicción voluntaria” los que cuales son los que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho Civil y Mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. Estos serán resueltos por Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, en donde el Juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Por otra, parte el Secretario judicial resolverá el resto de expedientes.
Esta Ley 15/2015 regula aspectos como las adopciones, las herencias, las subastas notariales, … pero también tiene incidencia en las labores contables, tributarias y de auditoria, las cuales se van a ir a desgranar a continuación.

Aspectos contables

Regulados en los artículos 112 a 116, tratan de la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, los cuales se podrá solicitar mediante expediente de jurisdicción voluntaria, siempre que no exista norma especial aplicable al caso.
Será competente el juzgado mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate, siendo preceptiva la tramitación de estos expedientes por la intervención de un abogado y procurador
La solicitud se tramitará con arreglo a las normas comunes de la Ley (artículos del 9 al 22), debiendo constar el derecho o interés legítimo del solicitante y especificando los asientos que deben ser examinados o su contenido en la forma más exacta posible, así como el objeto y finalidad de la solicitud.
El Secretario judicial admitirá la solicitud y citará a una comparecencia ante el Juez que resolverá sobre la solicitud motivadamente, documentándose con posterioridad por el Secretario judicial, o en los 5 días siguientes a su finalización mediante auto.
Si se estima la solicitud, se ordenará a la persona obligada a un día y fecha para la exhibición de los libros y documentos contables. Si se solicitase por el requerido algún horario concreto con el fin de no perturbar sus actividades, el Juez acordará lo que proceda, oídos los interesados. Excepcionalmente, el Juez podrá reclamar que se presenten los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados.
La exhibición se realizará ante el Secretario judicial en el domicilio o establecimiento de la persona obligada a llevar los libros, o mediante su aportación en soporte informático si así se hubiera acordado, y el solicitante podrá examinar los libros, documentos o soportes especificados por sí o con la colaboración de los expertos que haya designado en su solicitud y que el Juez haya autorizado, levantándose por el Secretario judicial acta de lo actuado.
En caso de negarse injustificadamente, no colaborase u obstaculice la persona obligada a la exhibición, será requerida por el Secretario judicial, a instancia del solicitante, para que lo realice con apercibimiento de la imposición de multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, y si se reitera la multa será de hasta 300 € diarios.
Por tanto supone una obligación más para quien sea el responsable de la contabilidad de una empresa.

Aspectos tributarios

El aspecto más extenso que afecta a nivel tributario es el relacionado con la “protección del patrimonio de las personas con discapacidad”, puesto que el artículo 54 de la Ley 35/2006 del IRPF regula reducciones por aportaciones a esta figura (reguladas por la Ley 41/2003) a la Base Imponible General del IRPF.
Por tanto es de interés para quienes esta regulación para quienes se acojan a tal reducción.
El ámbito de aplicación afecta a:
a) La constitución del patrimonio protegido de las personas con discapacidad o aprobación de las aportaciones al mismo cuando sus progenitores, tutor o curador se negaren injustificadamente a prestar el consentimiento o asentimiento a ello.
b) El nombramiento de su administrador cuando no se pudiera realizar conforme al título de constitución.
c) El establecimiento de exenciones a la exigencia de obtener por el administrador de la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros, que se refieran a los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.
d) La sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza que sea necesaria tras la constitución del patrimonio protegido.
La competencia del expediente corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con discapacidad.
El Ministerio Fiscal:
* Actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, debiendo ser oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido y los interesados no precisarán de Abogado ni Procurador para intervenir en el expediente.
* Iniciará el expediente mediante solicitud.
Por su parte, el Juez dictará la resolución en interés de la persona con discapacidad.
Si la resolución:
* Estableciera la constitución del patrimonio protegido deberá contener, al menos, el inventario de los bienes y derechos que inicialmente lo constituyan; las reglas de su administración y, en su caso, de fiscalización, así como los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos, salvo cuando se nombrare administrador del patrimonio protegido por no poderse designar conforme a las reglas establecidas en el documento público o la resolución judicial de constitución.
* fuera la constitución de un patrimonio protegido y el administrador designado no fuera el propio beneficiario del mismo, aquélla deberá ser comunicada al Registro Civil para su inscripción, así como las demás circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de administradores de dicho patrimonio. Igualmente, deberá entregarse testimonio de la resolución a la parte para su inscripción en los registros respectivos cuando los bienes que integren el patrimonio protegido tengan el carácter de registrables para su inscripción o anotación, o a las gestoras de instituciones de inversión colectiva o de sociedades mercantiles si se tratara de participaciones o acciones de las mismas.

Por otra parte, la Ley 15/2015 en su:
* DF 4ª hace que indirectamente cambie el 5º apartado al artículo 20 del TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). Este último artículo regula las tasas que puede establecer los ayuntamientos en donde este apartado 5º ponía textualmente “Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de los mismos.” Se cambia la redacción por “Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil.”
* DF 18ª se modifica la redacción del artículo 4.1.e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta parte modificada trata de una exención objetiva sobre la “Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social” en donde antes ponía “La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo” y se cambia por “La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo y por las Juntas Arbitrales del Transporte, en este último caso cuando la cuantía por la que se pide ejecución sea inferior a 2.000 euros, así como del acta notarial de reclamación de deuda dineraria no contradicha.”

Aspectos de las labores de auditoria

Los artículos del 120 al 123 de la Ley tratan del nombramiento y revocación de liquidador, auditor o interventor de una entidad, por parte de un Secretario Judicial.
La competencia para el nombramiento corresponde al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia, siendo el solicitante quien resulte legitimado para ello por las correspondientes leyes y la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.
El expediente se iniciará mediante escrito en que se solicitará el nombramiento de liquidador, auditor e interventor, haciendo constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada caso y acompañando los documentos en que se apoye la solicitud.
Tras examinar la solicitud el Secretario judicial la documentación aportada, este convocará a una comparecencia, citando a los interesados del expediente. Los administradores que no hubieran promovido el expediente serán citados a dicha comparecencia y se les dará traslado del escrito de solicitud.
Más tarde, el Secretario judicial resolverá el expediente por medio de decreto, que dictará en el plazo de 5 días a contar desde la terminación de la comparecencia. La decisión se notificará a los nombrados para la aceptación del cargo. Aceptado el nombramiento, se les proveerá de la acreditación correspondiente. El testimonio de la resolución se remitirá al Registro Mercantil que corresponda para su inscripción.

La DF 2ª de la Ley, modifica el artículo 40 del Código de Comercio, el cual se detalla en estos puntos:
1. Todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas de su empresa, si lo acuerda el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social si acogen la petición fundada de quien acredite un interés legítimo.
2. El Secretario judicial o el Registrador mercantil deberán exigir al solicitante que adelante los fondos necesarios para el pago de la retribución del auditor.
3. La sociedad solo podrá oponerse al nombramiento aportando prueba documental de que no procede el mismo o negando la legitimación del solicitante.
4. La solicitud ante el Registrador mercantil se tramitará según el Reglamento del Registro Mercantil.
5. La designación de auditor se sujetará al turno reglamentario del Reglamento de Registro Mercantil.
6. Si se instara ante el Secretario judicial, se seguirán los trámites establecidos en la legislación de la jurisdicción voluntaria.
7. La resolución que se dicte sobre la procedencia o improcedencia de la auditoría será recurrible ante el Juez de lo Mercantil.
8. El mismo día en que emita, el auditor entregará el informe al empresario y al solicitante y presentará copia a quien le hubiera designado.
9. Si el informe de auditoría:
– Posee opinión denegada o desfavorable, el Secretario judicial o el Registrador mercantil acordará que el empresario satisfaga al solicitante las cantidades que hubiera anticipado.
– Si contuviera una opinión con reservas o salvedades, se dictará resolución determinando en quién deberá recaer y en qué proporción el coste de la auditoría.
– Si fuera con opinión favorable, el coste de la auditoría será de cargo del solicitante.
10. El Secretario judicial o el Registrador mercantil desestimará la solicitud de auditoría cuando, antes de la fecha de la solicitud, constara inscrito en el Registro mercantil nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas de ese mismo ejercicio o, en el caso de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas obligadas, no hubiese finalizado el plazo legal para efectuar el nombramiento de auditor por el órgano competente.
11. La emisión del informe de auditoría no impedirá el ejercicio del derecho de acceso a la contabilidad por aquellos a los que la Ley 15/2015 atribuya ese derecho.

Por otra parte, la DF 14ª de la Ley 15/2015 modifica el TR de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) en sus artículos 265 y 266 que regulan respectivamente la competencia de nombramiento de auditor y la revocación del mismo.
En lo que respecta a la competencia para el nombramiento de auditor:
1. Administradores y cualquier socio lo podrán solicitar al Secretario judicial o Registrador mercantil, si la junta general no lo hubiera nombrado antes de que finalice el ejercicio estando obligado a hacerlo, o la persona nombrada no acepta el cargo o no pueda cumplir sus funciones, los administradores y cualquier socio podrán solicitar del Secretario judicial o del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoría.
2. En las sociedades anónimas, la solicitud podrá ser realizada también por el comisario del sindicato de obligacionistas.
3. En sociedades no obligadas a auditar las cuentas anuales, los socios que representen al menos el 5% del capital social podrán instar del Secretario judicial o Registrador mercantil a nombrar un auditor de cuentas para la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido 3 meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.
4. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.
5. Si el nombramiento se instará ante el Secretario judicial, se seguirán los trámites establecidos en la legislación de jurisdicción voluntaria.
6. La resolución del Registrador mercantil por la que se acuerde o rechace el nombramiento será recurrible de conformidad con las previsiones del Reglamento del Registro Mercantil. La resolución del Secretario judicial será recurrible ante el Juez de lo Mercantil.
Por lo que respecta a la revocación del auditor.
1. Cuando concurra justa causa, los administradores de la sociedad y las personas legitimadas para solicitar el nombramiento de auditor podrán pedir al Secretario judicial o Registrador mercantil la revocación del que hubieran nombrado ellos o del designado por la junta general y el nombramiento de otro.
2. La solicitud dirigida al Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. Si la revocación se instará ante el Secretario judicial, se seguirán los trámites establecidos en la legislación de jurisdicción voluntaria.
3. La resolución que se dicte sobre la revocación del auditor será recurrible ante el Juez de lo Mercantil.

Reciban un saludo,
Antonio José Ruiz.

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